El presente material tiene más de dos años de existencia, pero al leerlo, veremos que muchas de las metas planteadas, aún no se han cumplido, por lo tanto, el documento aún tiene plena vigencia.
Reunión Regional de América Latina y el Caribe, preparatoria del III Congreso Mundial de Erradicación de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes.
Buenos Aires 20 y 21 de agosto de 2008
Se reunieron en Buenos Aires, representantes de 22 países de la Región y luego de dos intensos días de debates se elaboró el siguiente documento para ser presentado como aporte de la región en el III Congreso Mundial.
El presente documento busca señalar brevemente aquellos obstáculos que impiden el cabal cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados, y establecer aquellas líneas de acción que se presentarán como propuesta Regional en el III Congreso Mundial de Río de Janeiro, considerando los compromisos asumidos en las dos Reuniones Preparatorias y de Seguimiento del Segundo Congreso Mundial realizadas en las ciudades de Montevideo (2001) y San José de Costa Rica (2004).
A tal efecto, se recordarán en primer lugar aquellas observaciones realizadas en encuentros internacionales anteriores, luego se presentarán las propuestas que la Región llevará al III Congreso Mundial siguiendo las cinco líneas de acción previstas para abordar la temática en el citado Congreso, y finalmente se realizarán observaciones generales sobre cuestiones abordadas que atraviesan todos los ejes tratados.
I. Compromisos asumidos en las Reuniones Preparatorias pendientes de cumplimiento.
En los dos Congresos Mundiales realizados y sus respectivas Reuniones Preparatorias han surgido diferentes aspectos de relevancia para la temática de la erradicación de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes que han sido de difícil cumplimiento por parte de los Estados de la Región. Estosla Reunión Preparatoria del III Congreso Mundial.
En este sentido, en relación a las políticas públicas en la región hay una realidad muy diversa. Se observó que algunos de los países, a pesar de los compromisos, aún no habían desarrollado un Plan Nacional dirigido a la erradicación de la explotación sexual infantil, y otros que contaban con planes nacionales tenían grandes dificultades en su implementación. Esto se debe fundamentalmente a que es difícil sostener políticas de Estado sin la debida asignación de recursos presupuestarios.
Se observó, asimismo, que existía un déficit en la difusión y conocimiento de la problemática. Esto podía deberse, entre otras cosas, a la ausencia de campañas públicas, a la escasa información que se brinda sobre la temática, y a la falta de actividades que promuevan la concientización y la sensibilización en el tema.
Se destacó la persistencia de prácticas arraigadas culturalmente respecto de la naturalización de la conducta de los explotadores/ consumidores y de los delitos. Muchas veces estas prácticas son entendidas como estrategias de supervivencia por las condiciones de exclusión y vulnerabilidad existentes.
Con relación a la prevención de los delitos se señaló que resultan de vital relevancia las políticas educativas que cada Estado implemente, siempre respetando el enfoque de género.
Otro punto señalado ha sido la falta de trabajos de recopilación de información y de bases de datos estadísticas de cada uno de los Estados y de la Región , que permitan diagnósticos reales para el diseño de estrategias de intervención y un efectivo monitoreo de los avances realizados.
En lo que se refiere al aspecto normativo, si bien se había avanzado en la armonización de las legislaciones internas de cada Estado con los instrumentos internacionales, cabe señalar que aun persistían algunos vacíos legales, como la falta de regulación en materia de pornografía infantil y turismo sexual que presentaban algunos de los Estados.
Finalmente, en el desarrollo y ejecución de programas, se evidenció las dificultades para realizar una asistencia integral a las víctimas. Por otra parte se encontraba pendiente el compromiso asumido con relación a la inclusión de las fuerzas de seguridad en la temática para un efectivo respeto al enfoque de derechos humanos para la no revictimización.
II. Reflexiones y Propuestas.
A continuación se expondrán las reflexiones y propuestas que han surgido a lo largo de los dos días en que se llevaron a cabo las Jornadas Preparatorias, las que serán presentadas siguiendo los cinco ejes temáticos planteados para el III Congreso Mundial.
1) Manifestaciones de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes
Este eje se desarrolló a partir del trabajo en talleres con presentación de casos paradigmáticos de cada una de las situaciones de explotación sexual: Trata con fines de explotación sexual, Relaciones sexuales remuneradas, Pornografía infantil y adolescente – Uso de tecnologías, y Experiencias en zonas de frontera.
Surgieron las siguientes reflexiones que atraviesan a toda la problemática y algunas específicas.
· Promover el enfoque de género y tener en cuenta la perspectiva de la nueva masculinidad, que debe estar presente en el abordaje de la temática, especialmente en las políticas educativas y comunicacionales para desterrar estructuras patriarcales y androcéntricas.
· Fomentar políticas de sustitución del ingreso para las familias con el objeto de erradicar la naturalización de estos delitos como estrategias de supervivencia.
· Avanzar en estrategias para la rápida detección de posibles víctimas que faciliten la protección, atención y restitución de derechos.
· Incentivar la capacitación en el uso de las nuevas tecnologías para la detección y el abordaje de los fenómenos asociados a estas nuevas modalidades delictivas como la pornografía infantil en internet.
· Realizar mapeos a partir de investigaciones judiciales y policiales de las rutas de trata para contar con una eficaz política criminal que pueda coordinarse con las autoridades desde estrategias locales (consulares, migratorias) y de cooperación internacional.
· Revisar acuerdos de repatriación y procedimientos migratorios para garantizar retornos seguros voluntarios, con la debida asistencia local y restitución de derechos, para que las victimas no caigan nuevamente presa de las redes de tratantes y explotadores.
· Repensar estrategias para las zonas de fronteras teniendo en cuenta no sólo las diferencias procedimentales sino también las diversidades sociales y culturales. Al respecto hay preocupación por la “demonización” de algunas zonas fronterizas en la región que encubrirían otras acciones de control sobre las soberanías locales o nacionales.
· Realizar investigaciones cualitativas para comprender mejor cada una de las modalidades de explotación.
· Trabajar en la responsabilización y tratamiento de los ofensores adolescentes y jóvenes.
2) Iniciativas con el sector privado y la responsabilidad social empresaria
· Alentar la responsabilidad social empresaria en la prevención y eliminación de la ESI , especialmente en el sector de viajes y turismo.
· Promover la capacitación de los trabajadores del área de turismo.
· Incorporar un concepto de “turismo responsable y sostenible” que incluya, un enfoque garante de los derechos fundamentales de los niños y adolescentes.
· Alentar la regulación y control del acceso y uso de la tecnología, especialmente en la prestación de servicios de locutorios, cybers y cabinas públicas, como así también el control de compañías proveedoras de celulares e Internet.
· Alentar la articulación de las acciones de los Estados con el sector privado como iniciativas de responsabilidad social empresaria.
3) Retos y limitaciones en la aplicación de los marcos legales nacionales.
· Combatir fuertemente la cultura de la impunidad instalada acerca de estos delitos, reclamando investigaciones judiciales con mayor celeridad y condenas efectivas. Generar control social efectivo para el cumplimiento de las sanciones penales.
· Erradicar prácticas arraigadas culturalmente respecto de la naturalización de los delitos y de los explotadores/ consumidores.
· Promover la adecuación de las legislaciones internas a los instrumentos internacionales de derechos humanos, respecto de la tipificación de los distintos delitos.
· Avanzar sobre la regulación procesal en materia de protección de derechos orientada a la no revictimización y a la despenalización de niños, niñas y adolescentes víctimas de estos delitos.
· Incluir en la política criminal de los Estados la recopilación de datos estadísticos de los delitos de explotación sexual en todas sus formas, para el posterior diseño de políticas públicas específicas.
· Promover la difusión y efectiva aplicación del Protocolo Facultativo de la CDN , ya que se ha señalado su escaso conocimiento. Esto podría deberse a que las agencias de cooperación impulsan el cumplimiento del Protocolo de Palermo, sin considerar que son complementarios.
4) Estrategias multisectoriales. Sistema integral de protección y garantía de derechos.
· Fortalecer la implementación por parte de cada uno de los Estados de un Plan Nacional dirigido a la erradicación de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes que se transforme en política de Estado y que cuente con asignación de recursos suficientes para su implementación y sostenibilidad en el tiempo.
· Procurar la planificación de acciones amplias, secuenciales y articuladas entre sí, evitando su fragmentación y asegurando su eficacia con asignaciones económicas relevantes.
· Fortalecer los sistemas locales de protección de derechos capacitando a los operadores de los servicios públicos y referentes comunitarios para la prevención y detección de los delitos, así como para una efectiva restitución de derechos, poniendo en marcha los recursos de las propias comunidades, además de los que pueda proveer los gobiernos centrales.
· Fomentar la inclusión de las fuerzas de seguridad como parte de un sistema integral de protección de derechos para el abordaje de esta problemática. La persecución del delito no debe quedar por fuera de este enfoque.
· Alentar la creación de la figura del Ombudsman del niño, como recurso extrapoder que fortalezca el sistema de protección de derechos.
· Promover la capacitación de operadores de justicia (jueces, fiscales, etc.) para el abordaje de la temática y el cumplimiento de la legislación vigente.
· Asegurar que los operadores y profesionales que trabajen en la temática tengan la adecuada contención, protección y cuidado.
· Incentivar la articulación con los sistemas de protección integral de derechos para la atención directa de las víctimas de explotación sexual, aalentando la creación de protocolos de coordinación interinstitucional e intersectorial, y modelos de intervención en materia de asistencia a las víctimas.
· Fomentar la creación de mecanismos seguros de denuncias, garantizando su acceso a todos los niños, niñas y adolescentes, con la debida protección a quienes denuncian y a los testigos.
· Impulsar la construcción de refugios especializados para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas del delito de trata de personas.
· Promover el cumplimiento de la función pedagógica del Estado acerca del ejercicio y exigencia de los derechos.
5) Cooperación Regional.
· Promover la circulación de la información para la elaboración de estrategias de cooperación subregional.
· Fomentar la coordinación y cooperación de los sistemas de protección integral de derechos de cada uno de los Estados a través de sus organismos específicos locales.
· Fomentar encuentros subregionales con el fin de lograr el intercambio de experiencias exitosas y buenas prácticas.
· Promover la colaboración internacional, firma de acuerdos y fortalecimiento de los parlamentos MERCOSUR y Latinoamericano.
· Articular los esfuerzos de las fuerzas de seguridad en la Región para combatir estos delitos transnacionales.
· Revisar los acuerdos de repatriación y las legislaciones específicas sobre deportación de personas y propiciar mecanismos multilaterales que garanticen la restitución de derechos y el retorno seguro y voluntario de niñas, niños y adolescentes víctimas de estos delitos.
· Reforzar la regulación y el control de las compañías privadas que intervienen en la prestación de los servicios de nuevas tecnologías.
· Pensar respuestas regionales para combatir un delito global como la ESI mediante acuerdos de cooperación y control mutuo.
Asimismo han surgido otras propuestas generales que se relacionan con todas las temáticas:
· Contextualizar el abordaje de esta problemática dentro de las políticas socioeconómicas dirigidas a lograr una mayor equidad social y redistribución equitativa del ingreso.
· Promover el rol activo de los jóvenes en el abordaje de la temática con iniciativas tales como guías para los mismos adultos en la búsqueda de mecanismos de protección de sus derechos. Los jóvenes, a través de su participación, han propuesto la creación de un Código de Conducta para los Medios de Comunicación. Se ha solicitado además que se creen espacios de participación genuinos para que sus propuestas sean escuchadas y consideradas al momento de la formulación de las políticas públicas por los actores gubernamentales. En los foros y Congresos se debe mostrar al joven al mismo nivel y en condición de IGUALDAD con los adultos.
· Impulsar el cuestionamiento de la terminología utilizada por el valor encubridor o distorsivo que tienen las palabras “clientes o consumidores” ya que invisibiliza la verdadera responsabilidad, utilizando explotadores o tratantes, y reemplazar “pornografía infantil” por “explotadores en el contexto y uso de las nuevas tecnologías”. Del mismo modo se insta a utilizar los términos niños, niñas y adolescentes en lugar del concepto de “infantil”.
· Promover la incorporación de la educación sexual responsable de manera temprana en la currícula de educación formal de cada Estado para la prevención y autocuidado.
· Crear códigos de Conducta para los medios de Comunicación, no sólo por el abordaje de este tema en la prensa, sino también para no fomentar el consumo de imágenes erotizadas de niños y niñas.
· Difundir la problemática a través de la realización de campañas públicas y actividades que promuevan la concientización y la sensibilización en el tema.
· Alentar la creación de oficinas, fiscalías y unidades en las fuerzas de seguridad especializadas en la responsabilización y persecución del delito, fomentando la articulación entre los diferentes sectores del Estado para el desarrollo de intervenciones sistemáticas.
· Incentivar la capacitación de agentes migratorios y un mayor control de la actuación de las instituciones migratorias con perspectiva de derechos.
· Incluir en las currículas de formación de profesionales preparación específica para la asistencia y atención a víctimas de estos delitos.
· Promover mecanismos nacionales y regionales que constituyan un sistema de monitoreo de los compromisos y acciones que se lleven a cabo para combatir estos delitos.
· Promover la utilización de manera segura de las nuevas tecnologías por los niños/as y jóvenes, también como una herramienta y como oportunidad para proponer soluciones en un trabajo conjunto con los adultos y padres.
Se incorpora al presente documento la Declaración de los Adolescentes y Jóvenes presentes en la Reunión Preparatoria Regional en representación de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes de América Latina.
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